Cuando la vida es una mercancía

Autoridades revelan nuevos casos de este drama y señalan cuáles son las trabas para condenar el flagelo.

Trata de personas en Colombia

Fotoilustración: Óscar Pérez

Cristal Moon, Panamá. Una o dos aspiradas de coca. El miedo se mitiga, el cliente se confía, consume un poco y afloja el bolsillo. El trabajo no era sólo de bailarina, como Victoria pensó. Su labor trascendería a las sábanas aunque su contrato y el del resto de sus compañeras colombianas sólo especificara una danza sensual. Pero es que había una deuda impagable, ya que su jefe empezó a cobrar tres veces el valor de los pasajes, los supuestos servicios prestados por la organización, el alquiler de los vestidos, el préstamo del candado para guardar sus pertenencias, la habitación para dormir (que era la misma que debía utilizar para llevar a sus clientes), los servicios. Todo. Cada mínimo detalle era costoso. Además, convivía con amenazas y su pasaporte había sido retenido.

Así fue como Victoria resultó trabajando como esclava sexual durante ocho meses, sin la más mínima ganancia, hasta que pudo declarar ante el Ministerio Público en Panamá y la Dijín en Colombia. Su caso fue radicado en un juzgado de Pereira, donde se judicializó a las personas que la trasladaron, sin ubicar al líder de la red. Y como el de ella, abundan estos testimonios. En el último año se han denunciado 206 casos de trata de personas, según informó la viceministra del Interior, Viviana Manrique. El 70% de las víctimas fueron mujeres, y las ciudades más afectadas fueron Cartagena y Pereira. Lo más preocupante es que, según las Naciones Unidas, en el país, en ese mismo lapso, no se produjeron más de 35 sentencias relacionadas con este crimen.

La impunidad de las mafias que se dedican a este delito, considerado uno de los tres negocios más lucrativos del mundo junto al tráfico de droga y de armas, tiene varias explicaciones. Según Gloria Córdoba, coordinadora del grupo de trata de personas del Ministerio del Interior, la causa más común es que las víctimas no denuncian porque están amenazadas por la red, sólo quieren regresar a casa y olvidarse de su drama o no se consideran agredidas por haber admitido un contrato en el que sabían que ejercerían, por ejemplo, la prostitución.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), de las pocas condenas que han resultado de estos procesos, la mayoría se lograron con preacuerdos, pues el ente acusador sabe que es probable que en juicio se caiga el caso por falta de testimonios, porque sólo logran aprehender a pocos miembros de la red o porque generalmente no hay una captura en flagrancia. Asimismo, hay desconocimiento del delito, lo cual se refleja en falsos imaginarios, como que la trata sólo se refiere a la explotación sexual, cuando hay modalidades tan graves como matrimonio servil, mendicidad ajena, reclutamiento forzado, explotación laboral, servidumbre y hasta tráfico de órganos.

Aunque los procesos suelen ser demorados y, en la mayoría de los casos, no llegan a un veredicto, la Fiscalía se ha destacado por la efectividad en las capturas, que se logran gracias a la interceptación de las comunicaciones, testimonios de otras personas, movimientos de dinero, reportes migratorios, vigilancia y agentes encubiertos. Con una estrategia similar, hace un par de semanas el DAS desarticuló una organización dedicada al tráfico de migrantes asiáticos y africanos, quienes pasaban por Colombia antes de llegar a EE.UU., su destino final. En el último año estos delincuentes habrían movilizado cerca de mil inmigrantes ilegales.

Una de las acciones más relevantes de las autoridades colombianas fue el operativo ‘Cándida Eréndira’, en la que fueron apresadas 70 personas por explotación sexual en junio pasado, en Medellín. Acaba de terminarse la presentación de pruebas y no se sabe cuándo será la primera condena debido al número de vinculados. La red solía operar públicamente, pues anunciaba por diferentes medios de comunicación las convocatorias para trabajar en una “prestigiosa” agencia de modelaje de la ciudad antioqueña.

Otro obstáculo es la poca cooperación internacional para judicializar este delito y repatriar a las víctimas. De hecho, la procuradora delegada para la Infancia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, denunció el drama de 26 colombianas, algunas menores de edad, que fueron víctimas de explotación sexual en Trinidad y Tobago. Siguen presas e indocumentadas, pues no se ha logrado una repatriación por la falta de un consulado colombiano en esa nación, donde además la trata de personas no está tipificada como delito. Según Hoyos, ellas fueron engañadas por una red de colombianos y venezolanos dedicados a la trata y han tenido que prestar servicios sexuales a los guardias de la penitenciaría en la que están para conseguir dos comidas diarias y evitar maltratos.

La presencia de menores en el escenario de este flagelo se acentúa cuando el explotador los obliga a mendigar o los vende para que abusen sexualmente de ellos. “La verdadera prostitución se ejerce en la guerrilla. Allí las niñas son utilizadas como objeto sexual y los niños se dedican a recoger hojas de coca”, dijo en una de sus más recientes alocuciones Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado por las Farc. Según la Unodc, el conflicto armado, la pobreza, la inequidad, el tráfico de estupefacientes y el desplazamiento son factores que propician la trata de personas en cualquiera de sus modalidades. Por ello, las autoridades han caracterizado a las víctimas como personas de estratos medio y bajo, sin empleo y entre los 12 y 35 años.

“Para restablecer los derechos de estas personas es necesario garantizar que no vuelvan a la misma situación de antes, en la que no tenían empleo ni estudio o sufrían de violencia intrafamiliar”, explicó Ivonne Pineda, asesora de la Fundación Esperanza, una organización no gubernamental que previene la trata de personas y la explotación infantil. Como mecanismo de prevención, el Ministerio del Interior, la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Europa recién lanzaron la campaña Con trata de personas no hay trato, la cual pretende concientizar a las poblaciones más vulnerables del riesgo de caer en esta trágica trampa.

Publicado en El Espectador, enero 2010.

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